Además, existe una crisis humanitaria por la situación de 700 políticos y militares secuestrados por las FARC y cuya liberación ha sido materia de infructuosas gestiones diplomáticas. Así como por el desplazamiento forzado de colombianos a Venezuela, Ecuador y Panamá. Un considerable porcentaje de los desplazados han sido también desposeídos de sus tierras, lo que alimenta futuros conflictos sociales y dejará una duradera estela de pobreza. A ello debe sumarse los efectos de las fumigaciones de cultivos ilegales.
Todo lo cual somete al sistema político de las naciones andinas a varias tensiones que afectan, nuevamente, a sus fronteras y poblaciones, originarias o colonas. Estas tensiones son alimentadas, adicionalmente, por la confluencia de intereses geopolíticos externos (control sobre el petróleo, biodiversidad y agua dulce), los intentos que se ejecutan en algunos países andinos de refundación del Estado (Bolivia y Ecuador), la confirmación de modelos económicos tradicionales y/o alternativos, como es el caso de Colombia o de Venezuela, respectivamente; por último, la búsqueda de autonomías de parte de pueblos rurales u originarios, como ocurre con los procesos constituyentes en otros países andinos.
Este complejo listado de temas, hacen de América del Sur –y especialmente de la región andina– un imprevisible "campo de ajedrez"; donde se tensionan asuntos políticos, sociales, ambientales, comerciales y estratégicos.
Finalmente, sobre estos temas coexisten diversos actores y sujetos. Campesinos, pueblos indígenas, afros, grupos irregulares de diversa índole (los tráficos de bienes, dinero, drogas, personas, órganos), economías informales e ilícitas; asimismo, grandes intereses económicos trasnacionales (energía), junto con instituciones nacionales (desde las fuerzas de seguridad hasta los entes privados de desarrollo), así como diversos organismos de la cooperación internacional.
